Zayan Masood, 11 yrs old, Bangladesh.
Tomada de http://theglobalcommonsproject.wordpress.com/

Política nacional de gestión del riesgo de desastre para Colombia (Ley 1523 de abril de 2012): una política de salud pública pertinente.

En el año 2000, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el marco de la iniciativa “Salud Pública en las Américas" (1) , como un proceso de renovación urgente y prioritario de la salud pública para la región priorizó las conocidas 11 funciones esenciales de la salud pública (FESP) dentro de las cuales se encuentra la función Nº 11 “Reducción del impacto de las emergencias y desastres en salud.” 

En este sentido, es bien sabido que Colombia ha sido líder en la región en la implementación de políticas y acciones orientadas a la gestión del riesgo, de tal suerte que en el proceso de evaluación de dichas funciones haya sido la función relacionada con la reducción del riesgo la mejor calificada (2) entre las demás, pese a que en todo su contexto el país cuenta con una política de salud pública dentro de un sistema de salud entre los más regresivos y agresivos para la vida misma de todo el continente.(3) 

La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, llega un poco retardada, 22 años después del Decreto – Ley 919 de 1989, derogado en casi su totalidad (4) el cual creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) que en su momento le dio un punto de quiebre importante a la manera de interpretar la intervención de los desastres. Ese Decreto – Ley tuvo sus aspectos favorables, pues permitió pasar de los mitos a la realidad de los desastres en Colombia, permitió pasar de la interpretación mágico – religiosa que decía que los desastres eran castigos divinos y que la ayuda en eventos calamitosos era un asunto de caridad pública relegada a los organismos de socorro y a la ayuda internacional a unas intervenciones con un nivel de organización estatal mucho más estructurada con el apoyo de las organizaciones y la sociedad civil. También  permitió avanzar aunque tímidamente en la formación de talento humano para los desastres y comprenderlo desde una perspectiva sistémica. En definitiva el avance fue sustancialmente significativo. No obstante se limitó a aspectos relacionados con la respuesta.

Contenidos generales de la nueva Ley.

En la reciente ley sancionada, se avanza de manera dramática porque se logra vindicar lo que ya la academia y los expertos han dicho durante lustros: los desastres son problemas de desarrollo no resueltos, logrando definirla la gestión del riesgo como una asunto relacionado con la reducción, respuesta y recuperación que aunque es una responsabilidad primordialmente estatal entendida desde su ámbito de la rectoría, logra vindicar las prácticas sociales en el marco de la salud pública, sin ser dirigida propiamente por la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud y Protección Social) sino que logra sinergizar desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD)  – dependencia directa de la Presidencia de la República con autonomía administrativa y financiera – de manera transversal un importante número de instituciones y organizaciones públicas estatales y no estales, así como privadas.

De manera significativa se logran identificar quince (15) principios estructurales de la política que en esencia caracterizan sus objetivos intermedios y finales.

La homologación de terminología que aunque insuficiente y limitada posibilita una unicidad caprichosa de la cual en Colombia es sumamente ortodoxa, en hora buena para evitar interpretaciones antojadas por determinados actores, en especial políticos y que permite lo que en los ámbitos operativos se reclama mucho: “hablar el mismo idioma.” 

Así mismo los objetivos de la ley retoma los tres aspectos generales de la gestión del riesgo (prevención, atención y recuperación), de lo cual hay que destacar la capitalización del conocimiento, la reducción del riesgo en todas sus variables, incluyendo la protección financiera mediante instrumentos de retención  y transferencia del riesgo; la respuesta en sus componentes ya conocidos y desarrollados con un importante nivel de solvencia; la recuperación entendida como la rehabilitación y reconstrucción socioeconómica, ambiental y física. En este último se puede entender que la rehabilitación en salud está ya descontada, sin embargo no menciona la recuperación psicosocial de la población un aspecto crucial en la recuperación integral de los grupos humanos afectados por un desastre y que en este aspecto la ley deja una enorme grieta, la cual refleja las vulnerabilidades del sistema de salud colombiano las cuales como es bien sabido no está contemplada dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Nuevos componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en Desastres.

Estructura

Entre otros aspectos incorporados en la Ley 1523 de 2012 están los nuevos componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) que remplazan al antiguo Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) en los que se identifican:

• Consejo Nacional  para la Gestión del Riesgo. Encargado de direccionar la política de gestión del riesgo de desastres con un actor muy importante: la Dirección Nacional de Planeación (DNP), a cual era una figura que apenas existía en el anterior estructura del SNPAD. Ahora su participación del DNP es protagónica.

• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Que fue creada  mediante el Decreto 4147 de 2011 y que cumple las funciones de dirección del SNGRD y que pertenece a un Departamento Administrativo adscrito a la Presidencia de la república y que ha venido a remplazar la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres (DGPAD) que antes se encontraba en el Ministerio del Interior.

• Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. Integra a los directivos de las entidades del orden nacional con delegación en funcionarios sucesores mediante acto administrativo, y directivos de asociaciones y federaciones de entes territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales. Se destaca la incorporación de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que hasta entonces habían asumido una participación pasiva ante la gestión del riesgo, pese  a las disposiciones consideradas en la Ley 99 de 1993, artículo 31, función Nº 23 que tiene relación expresa y directa con prevención, atención y recuperación de emergencias y desastres. Podría decirse que remplaza al Comité Técnico Nacional. Este comité puede crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias.

• Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Integra a entidades del orden nacional y  federaciones, asociaciones de municipios, CAR, aseguradores e instituciones educación superior. Se trata de un nuevo comité que no existía en el antiguo SNPAD y busca desarrollar acciones de reducción de desastres desde la planificación del territorio, la gestión ambiental, adaptación al cambio climático, transferencia del riesgo y protección financiera; orientación para la formulación, implementación y seguimiento del Plan Nacional de Desastres (PND). Este comité puede crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias.

• Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Instancia  interinstitucional  del  sistema  nacional  que asesora y planifica  la implementación permanente del  proceso de manejo  desastres con  las entidades del sistema nacional.

• Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. Estará conformado por los el gobernador, alcalde, directo de la dependencia de gestión del riesgo, directores o delegados de la CAR, organismos de socorro, un secretario de despacho departamental y municipal, comandante de la Policía o su delegado. Un detalle importante que aquellas entidades territoriales superiores a 250 mil habitantes tendrá designado por el alcalde un funcionario de nivel administrativo y/o jefe de oficina asesora o de rango superior encargado de la gestión del riesgo de la entidad territorial. De esta manera ya no podrá ser un funcionario o múltiples asignaciones que cumpla las funciones de gestión del riesgo, como sucede hoy. Deberá ser por lo menos un jefe de oficina asesora. Una vez más en ese consejo se ratifica la participación de las CAR con asignaciones complementarias en la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, nunca sustituirán las acciones que la entidad territorial deberá asumir con relación a esta materia, siendo siempre complementarias, transversales y sinérgicas, situación que actualmente o sucede. Así las CAR cumplirán funciones de conocimiento, reducción del riesgo, ordenamiento de cuencas, gestión ambiental, de ordenamiento territorial y desarrollo. 

Planificación 

Se consideran acciones para la formulación e implementación de planes de gestión del riesgo de desastre articulados a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de Desarrollo, los cuales  tendrán que incluirse un capítulo especial sobre la gestión del riesgo, para determinar cuáles son las amenazas que tiene cada territorio, y establecer, de antemano, los mecanismos de respuesta.

Las entidades territoriales trabajarán en la implementación de planes de gestión del riesgo los cuales deberán armonizar con la política de gestión del riesgo nacional y la estrategia nacional para el mismo. En este sentido el plan de gestión del riesgo nacional se construirá con base en los planes territoriales, bajo lineamientos y directrices que hoy están establecidas. Estos planes se exige que además de su formulación tengan asignación presupuestal para su implementación y funcionalidad en situaciones de emergencia o desastres. La ley  especifica que todos los planes deberán estar articulados y garantizados en función de la inversión pública es siendo un avance importante dado que actualmente un alcalde perfectamente dice que no tiene plata y que depende de la asignación del gobierno central. Se garantiza seguimiento a estos planes y estrategias por parte de la UNGRD.

Financiación

Se sustituye el Fondo Nacional de Calamidades (FNC) por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (FNGRD) pero continúa funcionando bajo los lineamientos del Decreto Ley 919 de 1989 y su administración se regirá por la Junta Directiva explicitada en el Decreto 4702 de 2010.

El FNGRD estará conformado por las subcuentas de: conocimiento del riesgo,  reducción del riesgo, manejo de desastres, recuperación y protección finaciera.

Declaratoria de desastres y calamidad pública 

El presidente puede declarar situación de desastre nacional mediante decreto, situación que conserva las características del Decreto Ley 919 de 1989, pero en esta ocasión los gobernadores y alcaldes podrán hacer declaratoria de calamidad pública, situación que no estaba contemplado en el Decreto Ley anterior y se especifican las situaciones respectivas en las que se puede recurrir a esta figura. 

El concepto de desastre se amplifica y se entiende como un fenómeno natural o antrópico no intencional que puede afectar personas, bienes, servicios y al medio ambiente. Lo no intencional deja por fuera los eventos relacionados con el conflicto armado, que si bien hacen parte de la política de seguridad y defensa nacional, pueden requerir para sus efectos de respuesta a las organizaciones del SNGRD. Es de aclarar que las estrategias para la reducción y recuperación de esos eventos sociales no son del alcance de esta norma y hacen parte de del régimen legal específico (v.gr. la Ley de Víctimas, entre otras). La diferencia de desastre y calamidad pública en que la primera es  un evento de impacto nacional y la segunda en a nivel territorial, entendiéndose en este contexto que calamidad pública en equivalente a lo que se conoce en la terminología de los desastres como sinónimo de emergencia, donde la entidad territorial asume el control del evento con sus propios recursos no excluyendo para asuntos específicos la participación de estado central. Para las dos situaciones se establecen criterios específicos para su declaratoria, estos criterios antes no existían y permiten ser orientadores a la hora de legitimar toma de decisiones. La declaratoria de desastre podrá hacerse hasta dos meses después de ocurrido el evento. En el anterior Decreto – Ley 919 de 1989 establecía hasta tres meses, siendo ahora más expedito el procedimiento, sien embargo es todavía un tiempo demasiado prolongado en virtud de la necesidad de implementar estrategias de intervención.

En materia de solidaridad se agrega un componente que permite superar el paradigma de la territorialidad en virtud del detrimento patrimonial o el desvío de recursos. Una entidad territorial o una CAR podrán apoyar a entidades que se encuentren en situación de desastre o calamidad púbica mediante el envío de talento humano, logística, ejecución conjunta de obras, manejo complementario del orden público y todo aquello que haga efectivo los principios de concurrencia y subsidiaridad. 

Se conserva lo expresado en el anterior Decreto – Ley: “Los primeros auxilios deberán ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo al coordinación y el control de las entidades del SNGRD.” Es claro que la participación de personas o agencias que no hagan parte del SNGRD pueden apoyar en la prestación de los primeros auxilios y por extensión de la atención prehospitalaria, contrario a la creencia de que sólo determinadas organizaciones pueden dispensar este tipo de ayuda asistencial. Es de aclarar que el imperativo es deberán no es un asunto discrecional, si una profesional, socorrista y/o entidad humanitaria o de salud cuenta con personal y recursos para dispensar esta ayuda lo tiene que proveer.

Régimen especial

Con el fin de atender de manera más expedita los eventos de desastre y emergencia (calamidad pública), la Ley incorpora un régimen especial en materia de contratación estatal, créditos para afectados y víctimas, refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, control fiscal de recursos, ocupación, adquisición, expropiación y demolición de inmuebles, imposición de servidumbres, incentivos para la rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo sostenible,  administración y destinación de donaciones, entre otras medidas.

1. Organización Panamericana de la Salud. La Salud Pública en las Américas. Washington. 2002.

2. Óscar Feo. La salud pública en los procesos de reforma y las funciones esenciales de la salud pública. Rev. Facultad Nacional de Salud Pública [revista en la Internet]. 2004, marzo [citado  2012, abril  19]; 22(99). Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/120/12021907.pdf

3. A mi modo de interpretar el peor sistema de salud de las Américas es de los EE.UU., le sigue el de Colombia y Chile; el mejor es el de Cuba, seguido por el de Canadá y Brasil.

4. Lo único que no derogó la nueva Ley 1523 de 2012 fue el primer inciso del artículo 70 del Decreto – Ley 919 de 1989 que trata sobre las funciones del Fondo Nacional de Calamidades (FNC) que en virtud de la nueva ley asume las mismas funciones pero con el nombre de Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (FNGRD).

5. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue creada mediante el Decreto 4147 de 2011.

Uso indebido de la línea de emergencias por los niños niñas y adolescentes. Recomendaciones para los padres.

Cada día el Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 1-2-3 registra miles de llamadas improcedentes (bromistas, falsas emergencias, acosadoras, equivocaciones, para pedir información e insultantes). 9 de cada 10 llamadas no corresponden a asuntos de emergencia, encontrándose que la mayoría es estas llamadas son realizadas por menores de edad. Esta desbordada cantidad de llamadas improcedentes limita el acceso de personas que realmente tienen una emergencia, agravando la situación de las personas, bienes y servicios que están en peligro. Por lo cual los padres y maestros deben estar atentos a estos comportamientos de los menores, los cuales no pretenden hacer daño, sin embargo pueden entorpecer el sistema por el excesivo tráfico.

En Colombia, las llamadas al 1-2-3[i], son gratuitas desde cualquier teléfono fijo, móvil, en prepago o postpago, público, monedero, incluso si el servicio está suspendido por falta de pago. Gracias a esta gratuidad usted nunca verá reflejado los costos en la factura de teléfono.

La llamada que realizan los menores para “molestar” a los números de emergencia, especialmente al 1-2-3 (por su gran facilidad de marcación y recordación) están referidas principalmente a “marcar y colgar,”  hacer bromas o reportes de falsas emergencias, situación que se pone en evidencia por la tranquilidad en el tono de la voz del reporte que termina con una risa o una colgada rápida del niño, sin que el operador alcance a realizar las preguntas de rutina. Si el menor permanece en la línea después de hacer su “reporte” termina cuando el receptor le indica que le comunique con un adulto.

Otras llamadas de menores de edad están asociadas a periodos en los cuales están en ausencia de adultos, situación en la cual hay que estar alerta, pues el estado de soledad es en sí una emergencia para los niños y niñas, pero que generalmente ellos no manifiestan o asocian a esta, circunstancia que resulta en llamadas al 1-2-3 para como un mecanismo de llamar la atención. Se ha evidenciado la asociación directa entre las llamadas que se realizan al 1-2-3 a “molestar” de niños y niñas que permanecen solos en sus casas. También se tienen de casos en los cuales niños que se encuentran en situación de abuso o vulneración de derechos realizan excesivas llamadas a “molestar” al 1-2-3. Estos niños pueden saber que en el 1-2-3 se ofrece ayuda en emergencias, pero llaman inicialmente a “explorar” preguntando al operador cosas como “¿usted es policía?” y seguidamente cuelgan, para llamar una vez más y preguntar “¿usted tiene pistola?” y una vez más cuelgan, continuando con una seguidilla de llamadas en las cuales hacen preguntas propias de su condición infantil. Se requiere de la habilidad profesional de los operadores del NUSE 1-2-3 para identificar esta fenomenología realizando las preguntas adecuadas para que el menor pueden ofrecer la información que se espera suministre.

Recomendaciones para que su hijo haga uso adecuado del 1-2-3.

Los padres y educadores deben prestar atención frente al uso de las líneas de emergencia por parte de los menores. Es necesario enseñarles sobre el comportamiento de los niños e instruirlos sobre la gravedad de sus acciones, pues aunque los niños no tienen la intención de dañar, es necesario guiarlos a mantener conductas responsables.

Los niños pequeños pueden aprender a marcar el 1-2-3 en caso de emergencia, incluso se tienen experiencias de niños que han salvado vidas.  Enseñarle a su niño a marcar el 1-2-3 es una habilidad fundamental que les servirá para el resto de su vida a prepararlos para manejar cualquier situación de emergencia. Las siguientes instrucciones le ayudaran a poner en práctica esta orientación.

1.       Evite que su hijo juegue con el teléfono.

Las primeras palabras entendibles que aprenden a pronunciar, leer y escribir los niños y niñas son “papá”, “mamá” y “uno, dos, tres.” Cuando los adultos permiten que los niños jueguen con el teléfono (fijo o celular), lo más probable es que marquen 1-2-3 de manera accidental, situación que se convierte en un hallazgo sumamente interesante para ellos, circunstancias que hace que lo continúen haciendo. Por lo tanto conviene evitar que los niños jueguen con equipos de teléfono, en su lugar es necesario enseñarle a usarlo de forma adecuada.

2.       Haga que su hijo sepa su información básica

Los niños menores de 3 años pueden aprender fácilmente a marcar el 1-2-3, pues son los primeros números que aprenden (de ahí que lo usen demasiado),  a esa edad, el niños deben tener de reconocer los números y repetirlos en voz alta. Muy recomendable será instruir a los menores para que cuando se comuniquen con el 1-2-3 puedan decir su  nombre, apellido y número de teléfono de su casa. Sin embargo, esto no es necesariamente indispensable para que ellos puedan pedir auxilio. 

Tenga en cuenta que un niño pequeño puede tener dificultad para retener demasiada información. Mediante el juego usted puede ayudarle a recordar y transmitir la información personal y de los padres cuando se le pregunte. 

3.       Explicarle al niño qué es un policía, un bombero y un paramédico[ii] y cuáles son sus funciones.

Es importante inculcar el respeto por las autoridades civiles y de policía. Los niños pueden entender la importancia de marcar al 1-2-3- con facilidad, pero para entender necesitan saber y entender cuándo y por qué hacerlo. Es posible que en la guardería  o en la escuela no le hayan enseñado qué es un policía, un bombero o un paramédico y en qué circunstancias debe llamarlos. Explíquele al niño las importancias de estas personas en la sociedad.

Explique a su hijo que un policía es un tipo especial de persona que ayuda a los ciudadanos  cuando está en problemas, como cuando alguien ha sido víctima de robo o está herida. La utilización de dibujos o libros le permite a su hijo entender la importancia de un policía y cómo reconocerlos y diferenciarlos de otras personas de seguridad y emergencias (soldados, vigilantes, bomberos, socorristas), entre otros.

Los padres y profesores pueden programar visitas guiadas en grupo a los comandos de policía, a la estación de bomberos, a la central de atención prehospitalaria o a la central de comunicaciones del NUSE 1-2-3 de su municipio. Igualmente pueden aprovechar los espacios que propician estas instituciones, que sin ánimo de lucro involucran a los menores en programas de Policía Juvenil, Bomberos Infantiles y Juveniles, Socorristas Juveniles, entre otras.

4.       Situaciones en las que es necesario llamar al 1-2-3

Empiece por discutir escenarios simples, donde es obvio que se debe marcar el 1-2-3, algunos niños más pequeños, requieran que se les explique mediante la representación de la situación. Indique que cuando llamen al deben decir como mínimo “necesito ayuda” y dar la información básica del domicilio. Aunque se les enseña que no le  debe dar la información de la casa a los extraños, indíqueles que suministrar la información básica de su domicilio al personal del 1-2-3 es seguro.

Algunos ejemplos de situaciones que se pueden explicar son: si alguien desconocido intenta entrar a la casa, si hay un incendio, si la mamá o el papá están heridos, o cuando no se despiertan (estado de inconscientes), accidente con armas o utensilios. Todas estas situaciones requieren llamar al 1-2-3. De todos modos, enseñe a sus niños que, si en algún momento tiene una duda sobre si debería o no llamar al 1-2-3 y no hay un adulto a quien preguntar, haga la llamada de todos modos. Más vale prevenir que lamentar.

No necesariamente tienen que enseñar a su hijo a llamar al 1-2-3 fuera de la casa, generalmente los adultos pueden hacerlo por ellos.  Usted puede explicar también que si una de las situaciones anteriores sucede, el niño debe buscar al adulto más cercano y decirle que llame al 1-2-3.

A medida que los niños crecen, usted deberá explicar cuándo y cómo llamar al 1-2-3, como  cuando van para la escuela.

5.      Enseñe los niños a marcar el 1-2-3

Después de que su hijo es capaz de transmitir con éxito la información básica de su domicilio, enseñarles a marcar el 1-2-3 es fácil.

Tome un teléfono que no esté conectado y haga una demostración explicándoles los diferentes números del teléfono y cómo funcionan para llamar otras personas. A continuación, señale el "1" el “2” y el “3” haciendo énfasis que son los tres números más importantes en el teléfono, y que deben ser utilizados para llamar a la policía o a los bomberos. Muéstrele a su hijo cómo marcar el 1-2-3 y cómo sostener el teléfono y donde se puede ver los números marcados, y poco a poco presionando los números, mientras usted los pronuncia en voz alta. Repita este ejemplo, un par de veces, y luego pídale a su niño que le muestre la forma en que puede hacerlo.  Al permitir que su niño haga la demostración de cómo coger el teléfono y marcar, la familia puede asegurarse que el procedimiento está correcto. Sólo asegúrese de haber desconectado el teléfono, como se mencionó antes, para evitar que ninguno de los dos marque de forma equivocada al 1-2-3.

6.       Asegúrese que su hijo entiende lo que debe hacer después de marcar el 1-2-3.

Ser capaz de marcar al 1-2-3 con éxito es sólo la primera parte en la enseñanza para pedir ayuda. También es necesario enseñar a su niño exactamente lo que sucede cuando llama. 

Enseñándoles a dar la mayor cantidad de información posible para que el operador del 1-2-3 esté seguro de enviar la ayuda correcta lo más rápido posible.  Como se indicó anteriormente, como mínimo, su hijo debe ser capaz de hacer es decir "necesito ayuda", y dar su domicilio.

Para asegurarse de que su hijo sabe cómo actuar y transmitir la información correcta durante una llamada al 1-2-3. Haga un simulacro de cómo realizaría la llamada, asumiendo que el niño está en una situación de emergencia y usted es el operador, así:

Haga que su niño tome el teléfono y que marque los números 1-2-3 (desde un teléfono desconectado o celular apagado), usted debe decir “1-2-3 ¿Dónde es su emergencia?”

Anime a su hijo a decir "Hola, mi nombre es (nombre), y necesito ayuda. Mi dirección es (calle/ carrera y número y la ciudad)" Si su hijo tiene edad suficiente para entender, también les enseñan a decir cuál es la emergencia, “¿La casa se está incendiando?, ¿Mamá o papá están heridos?  ¿Hay un extraño que intenta entrar en la casa? Es probable que una vez que el operador se da cuenta de un niño está haciendo la llamada, se le pedirá que de esta información, así que aliente a su hijo a responder a estas preguntas. Mantenga la práctica de las simulaciones de “llamadas al 1-2-3" con el objetivo de mantener el concepto fresco en la mente de su hijo.

7.       Motive la responsabilidad de llamar al 1-2-3

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Los niños pueden sentirse muy motivados a marcar al 1-2-3 pues a través de este pueden tener contacto con sus héroes. Para evitar accidentes o las llamadas de “broma” se debe resaltar la gravedad de pedir ayuda al marcar 9-1-1 sin necesitarla. 

Explique a su hijo que el 1-2-3 sólo debe marcarse en caso de emergencia real. Como los niños pequeños probablemente no comprenden el concepto de los que es irresponsable, relacione el uso inadecuado con los castigos que se suelen utilizar en la casa. Por ejemplo dígale que si llama al 1-2-3 para “molestar” vendrá un policía y lo hará sentarse medio día en la silla de espera. Esto desalentará a los niños a usar el 1-2-3 por diversión o curiosidad. Enséñeles a que será castigado por jugar con el teléfono.

Al explicar esto, es muy importante recordarle a los niños que el uso del 1-2-3  para reportar  casos de real emergencia no les traerá problemas .Dígale a su hijo que si piensan que algo está mal y quiere llamar al 1-2-3, no se meterá en problemas si resulta ser incorrecto. Un temor legítimo de emergencia es siempre una buena razón para pedir ayuda; explique que es siempre mejor estar seguro en lugar de lamentar, su niño puede crecer con miedo de pedir ayuda cuando esté en presencia de una emergencia, por temor a que si lo hace de forma inadecuada serán castigados por hacer la llamada.

8.       Explique el uso de la línea 106 de infancia y adolescencia.

En algunas ciudades del país está habilitada la línea 106 destinada para que los niños, niñas y  adolescente se comuniquen con profesionales que los escucha, orientan y entienden sus necesidades y crisis. Igualmente esta línea atiende las inquietudes y la preocupación de los padres con relación a asuntos de los menores.

La línea 106 es un espacio de confianza, seguro, cuidador y protector de sus derechos de los menores de todas las edades.[iii] Allí se pueden reportar muchos fenómenos relacionados con esta población,  incluso a través de esta línea las autoridades pueden tener conocimiento de aquellas situaciones de emergencia en los cuales se vulneran los derechos de los menores (maltrato y violencia familiar, entre otros)  y que no sería denunciado a través de los canales formales, incluso a través del 1-2-3. 

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[i] Desde el 2000 en Colombia funciona el 1-2-3 como número único nacional de seguridad y emergencias en casi todas las ciudades del país, sin embargo  en algunas regiones prevalece la coexistencia de los números de seguridad y emergencia: 112 (policía), 119 (bomberos), 125 (salud) (salud). Le recomendamos que  compruebe en el directorio telefónico para estar seguro de que el 1-2-3 funciona en su área.

[ii] Aunque el término y la profesión del “paramédico” no está normada en Colombia, se entiende como una persona con estudios en educación superior entrenado  para atender emergencias médicas fuera del hospital y que generalmente se encuentra como parte de una tripulación en ambulancias y que puede atender entre otros casos traumas, infartos, derrames cerebrales, partos de urgencia, entre otras situaciones de salud críticas. En algunas ciudades de Colombia, los bomberos, son “paramédicos” pues han realizado estudios a nivel de técnico o de tecnología en atención prehospitalaria. El Sena y algunas Universidades del país, ofrecen esta formación.

[iii] Rocío del Pilar Baquero. Coordinadora línea 106.Alcaldía Mayor de Bogotá. 2009.

Los escenarios de la seguridad pública y su relación con los Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad

 

Centro de Gestión de Seguridad y Emergencias de Valdemoro, España (Foto de Internet)

Nos introducimos al tema de los Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad, me gusta más esta acepción, que la de Centro de Atención de Emergencias (CAE), después la discutiré en este blog. 

Empezamos ofreciendo contexto sobre el concepto de la seguridad humana, pasando por cada uno de los elementos que la componen y su articulación con los Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad a través de sus líneas XYZ. Sea oportuno decir que en la mayoría de los países el acceso a centrales de emergencias y seguridad se hace mediante la marcación de números con estructura XYZ, los cuales son de fácil recordación y rápida marcación. Por ejemplo en los Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Argentina es el 9-1-1, Europea 1-1-2, Australia 000, Reino Unido 999, México 066, Ecuador 1-1-2, Colombia 1-2-3, Venezuela 1-7-1.

Después de la Segunda Guerra Mundial los países desarrollados, centraron su preocupación  en la amenaza nuclear y los países en desarrollo agudizaron su sensibilidad frente a las amenazas a su soberanía, dejando de lado las preocupaciones reales de la sociedad, la seguridad cotidiana.[1] A partir de 1994, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, contempló un concepto seguridad holístico esbozado desde la seguridad humana agrupado en siete (7) categorías principales:[2]

§  Seguridad económica

§  Seguridad alimentaria

§  Seguridad en salud

§  Seguridad ambiental

§  Seguridad personal (ciudadana)

§  Seguridad de la comunidad

§  Seguridad política

Esta perspectiva de la seguridad, refuerza el concepto que un Estado democrático debe propender por garantizar y dar condiciones para gozar de este conjunto de seguridades a sus ciudadanos en el marco constitucional, las políticas públicas (en seguridad humana) estarán orientadas al establecimiento de estrategias que propendan por ofrecer estas garantías.

PREVIVA[3] (Programa para la prevención de la violencia y otras conductas de riesgo de la Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, Colombia) resaltando el alcance de los objetivos del Milenio (ODM), indica que estos “se constituyen en una iniciativa trascendental en la que pueden basarse nuevos esfuerzos para mejorar la seguridad humana”[4],  y destaca seis temas fundamentales: 

1. La prevención de todos aquellos condicionantes sociales, económicos, políticos que ponen en riesgo a la seguridad humana
2. La protección de los sectores que más lo necesitan
3. La intervención, orientada a quienes verdaderamente lo necesitan por su vulnerabilidad, riesgo y exposición
4. El fortalecimiento de las operaciones de paz
5. La reducción de la impunidad
6. La reducción de los armamentos.

Desde esta perspectiva holística, la seguridad es uno de los componentes más importantes en el bienestar colectivo pues transversaliza la cotidianidad de la ciudadanía, siendo el Estado aquel aparato reactor que puede implementar acciones para suplir aquellas condiciones donde es requerido.

Así, una de las medidas para atender requerimientos prioritarios de seguridad es a través de los Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad, las cuales son herramientas de telecomunicaciones dispuestas para que la ciudadanía pueda acceder de forma rápida y oportuna, mediante la fácil recordación y rápida marcación de un número de emergencias, por lo general de tres dígitos, con marcación XYZ, como ya se indicó, dando paso a la activación de una red de servicio coordinados que responden en momentos de crisis de manera rápida y oportuna. Dichos centros, se constituyen en un mecanismo que da al ciudadano acceso al Estado en momentos de crisis y le permiten participar en la construcción de seguridad cuando esta se ve amenazada.

La rapidez con que se materializa la ayuda al ciudadano que es víctima de la violencia (seguridad personal), de la enfermedad – lesión, alteración de la salud mental –  (seguridad de la salud), deslizamiento, explosión, incendio (seguridad ambiental) es la expresión más convincente de la eficacia con que opera el Estado. En la medida que la comunidad tienen la convicción de que, en momentos de emergencias que afectan las personas, bienes, servicios y el medio ambiente, las agencias de seguridad actuarán con rapidez y eficacia en beneficio del individuo, esa ciudadanía gozará de mayor tranquilidad y valorizará en mayor grado la calidad de vida que disfruta.

Entendiendo que los enfoques de seguridad son transversales y sinérgicos entre sí, PREVIVA destaca la vinculación de la salud colectiva y sus niveles de prevención con los enfoques de la seguridad humana antes descritos y pueden coincidir en las acciones que realizan los Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad de la manera en que se ilustra en la siguiente tabla 1.

Tabla 1. Concomitancia entre seguridad humana, prevención de la salud y su expresión a través del de los Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad (Adaptado Daniel Pinzón).

Enfoques fundamentales de la seguridad humana	Enfoques de la prevención desde la seguridad en salud pública		Articulación con los Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad
Prevención de todos aquellas condiciones sociales, económicos, políticos que ponen en riesgo la seguridad humana	Prevención primaria	Promoción de la salud	La cultura ciudadana de uso adecuado de los números XYZ previene conductas de riesgo, construyéndose en una herramienta disuasoria frente a conductas delictivas con potencial de convertirse en lesiones u otro tipo de conductas generadoras de violencia o enfermedad (lesión).
Protección de los sectores que más lo necesitan.		Protección específica	La cultura de uso adecuado LAS LÍNEAS XYZ de emergencias y seguridad previene conductas de riesgo especialmente en niños, niñas, adolescentes, mujeres  y otros grupos vulnerables.
Intervención orientada a grupos específicos por su vulnerabilidad riesgo y exposición.	Prevención secundaria	Diagnóstico y tratamientos tempranos	La ciudadanía reporta incidentes de emergencias y seguridad  número XYZ. Un agente del Estado crea el incidente y lo envía a una agencia especializa la cual despacha los recursos extramurales. Se materializa con la presencia en el menor tiempo posible (minutos) de efectivos policiales, de seguridad vial, bomberiles, servicios sanitarios y ambientales (riñas, hurto, violencia callejera, atención prehospitalaria, choques, control y extinción de incendios, enjambres de abejas, caídas de árboles, entre otros.)
		Limitación de la discapacidad
Fortalecimiento de las operaciones de paz, reducción de la impunidad y reducción de los armamentos	Prevención terciaria	Rehabilitación	Se recopila la información y datos que pueden ser útiles como prueba judicial, acompañamiento legal, psicológico y rehabilitación física.

De esta manera los Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad se constituyen en una pieza fundamental en la construcción de la seguridad pública, pues como ya se anotó, es el mecanismo más expedito con el que cuenta el ciudadano que encuentra vulnerada su seguridad y a su vez es la forma en que el estado es resolutivo frente a eventos agudos.

Así, a partir de las experiencias exitosas en la implementación de sistemas telefónicos de emergencias y seguridad unificados en diversos países del mundo, v.g. el 9-1-1 en Estados Unidos y Canadá[5],  y derivado de la necesidad de establecer estrategias para garantizar la presencia del Estado en momentos de crisis cuando la ciudadanía lo requiera, muchos países han emprendido el establecimiento de Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad con el fin de garantizar que la ciudadanía pudiera acceder de forma rápida y oportuna  a los servicios de auxilio que provee el Estado.

Algunos países y regiones han iniciado su implementación a través de estrategias normativas. Por ejemplo la Unión Europea ha sugerido desde 1.991 la implementación del 1-1-2 para todos los estados miembros, el cual ha sido adoptado por la mayoría de los países de ese continente. Estado Unidos,  Canadá, Puerto Rico, Costa Rica tienen una “Ley de Emergencias del 9-1-1”, igualmente Argentina, Colombia, Costa Rica, Venezuela, entre otros, permitiendo iniciar camino en la consolidación de centrales y números unificados nacionales.

La tabla 2 resume las regulaciones normativas relativas al establecimiento de sistemas de seguridad y emergencias de algunos países.

Tabla 2. Normativas aplicadas a sistemas de emergencia y seguridad de algunos países.

País	Norma	Descripción
Unión Europa	Decisión del Consejo Europeo 91/396/CCE de 1991	Se establecen las bases para que los estados miembros de la Unión Europea implementen  el 1-1-2 como número único emergencias y seguridad en todo el continente europeo.
España	Real Decreto 903 de 1997	Se acoge el 1-1-2 como número único emergencias y seguridad para todo el Estado Español.
Canadá	Actos de ley de 1992 Modificada en 1994, c. 38; 1999 (2nd Sess.), c. 38, 1999 (2 ª Ses.), C. 10; 2000, c. 10, 2000, c. 4, s. 4 s. 7 7	Establece el 9-1-1 como número telefónico de prestación de emergencias
Puerto Rico	Ley  144 de 1994	Ley para la atención rápida de llamadas de emergencia 9-1-1 de seguridad pública ó “Ley de Llamadas 9-1-1”.
Costa Rica	Ley 7566	Creación del Sistema de Emergencia 9-1-1
Colombia	Resolución CRT 087 de 1997.	Establece el 1-2-3 como Número Único Nacional  de Seguridad y Emergencias. (NUSE).

Me gustaría que este cuadro lo pudiéramos seguir construyendo a partir de sus comentarios, sugerencias o críticas.

Para finalizar, la implementación de legislación para el establecimiento de sistemas unificados de emergencias y seguridad de acceso a través de números con estructura XYZ es un avance significativo e importante que realizan los gobiernos, no obstante es necesario caminar hacia la introducción de normativas y estrategias que permitan proteger y fortalecer los alcances de estas regulaciones, como por ejemplo las que tienen que ver con estrategias para la reducción de llamadas improcedentes o que no obedecen al propósito de estas. En un próximo blog hablaré sobre este particular.  

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[1] Naciones Unidas. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Mundial Sobre Desarrollo Humano 1994. Capítulo 2. Nuevas dimensiones de la seguridad humana. México: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; 1994.

[2] Fernández Pereira JP. Seguridad humana. [Tesis doctoral en seguridad y prevención].  España: Universidad de Barcelona; Departamento de Derecho Político y Ciencias Histórico - Jurídicas; 2006.

[3]  Facultad Nacional de Salud Pública. PREVIVA: Programa para la Prevención de la Violencia y otras Conductas de Riesgo. [Sitio en Internet]. [consultado 2010 jun1]. Disponible:  http://guajiros.udea.edu.co/previva/previva/

[4] Área Metropolitana del Valle de Aburrá, PREVIVA, Universidad de Antioquia. Prevención de la violencia en el Valle de Aburrá 2007-2015. Medellín: El Area, PREVIVA; 2007.p. 23

[5] Emergency telephone number. [Sitio en internet]. [Consultada el 2009 agosto19]. Disponible:  http://en.wikipedia.org/wiki/1-1-9.